SOBRE EL DIARIO “EL CORREO” DE LIMA: QUE DICE EL PUEBLO?

DIARIO EL CORREO: PRENSA NON GRATA PARA EL PUEBLO PERUANO:

veamos que dice la gente sobre este correo antisocial, antipueblo, sicarios de tinta:

 

Si por favor hermanos LatinoAmericanos tenemos que liberarnos… basta,  de que los grandes poderes, los dueños del país controlen nuestros pensamientos…. mucha gente piensa que lo que se dice en la prensa es lo que en realidad pasa en un País, Estos Oligarcas tienen un sistema que solo sirve para ESCLAVIZARNOS  y después mediante “LA PRENSA INDEPENDIENTE” nos hacen defender ese Sistema….. LA REVOLUCIÓN DEL NUEVO MILENIO CONSISTE EN DESPERTAR!!!!

La Constitución de 1979 y La Constitución de 1993: ¿Por qué tiembla el fujimorismo?


La reciente juramentación del presidente Ollanta Humala evocando “el espíritu, los principios y los valores de la Constitución de 1979” ha desatado una serie de sobresaltos en cierto sector político, en especial del fujimorismo, cuyo piso ha comenzado a tambalear mostrando una falta de liderazgo.

¿Por qué la sola mención de la Constitución de 1979 puede causar estragos en el partido del ex presidente Alberto Fujimori?
Recordemos. La Constitución de 1993 nació luego del autogolpe de abril de 1992. Este documento fue aprobado de manera ilegal, ya que el referéndum de ese año fue reconocido ampliamente como fraudulento. De esta manera, el texto de 1993 no surgió de un acuerdo democrático sino para maquillar una dictadura y para que una cúpula se aferrara al poder luego del autogolpe. Como señala el periodista Gustavo Gorriti, la Constitución de 1979 expresó la esperanza en la restitución democrática del país porque sucedió a una dictadura militar, sin embargo, esta carta fue anulada por un gobierno golpista que elaboró después una Constitución a su medida.

La evocación de la Constitución de 1979 por el presidente Ollanta Humala ha sido utilizada por cierto sector político para despertar temores infundados en la ciudadanía. Así, eludiendo una mayor crítica al comportamiento irrespetuoso de algunas congresistas fujimoristas durante la juramentación del presidente, se ha optado por buscarle tres pies al gato a un acto meramente simbólico: “fue provocador y ha reabierto dudas”, “reflejos chavistoides”, “tentación estatista”, entre otros.

Por otro lado, el recuerdo de la Constitución de 1979 ha abierto una importante discusión: la necesidad de reformar la Constitución en aspectos sustantivos. Según un sondeo de Ipsos-Apoyo, publicado en abril pasado, un 37% señalaba que este Congreso debería modificar total o parcialmente la Constitución de 1993. Pero algunos sectores económicos se resisten a siquiera tocar el tema señalando que una reforma constitucional sería “muy peligroso para las inversiones”. Para el ex presidente del Congreso, Henry Pease, estas afirmaciones no tiene sustento. “No hay ningún mito en esa materia. En todo país del planeta se modifican las constituciones con cuidado, con estudios serios y eso se tiene que hacer también acá”, expresó Pease.

La reforma constitucional no es un mero capricho sino una necesidad, que responde al objetivo de un manejo distinto del gobierno: fomento de una economía nacional de mercado, una nueva forma de explotar los recursos naturales y una mayor presencia del Estado en algunas actividades estratégicas y para brindar mejores servicios a la ciudadanía. Ojalá que así lo entiendan nuestros padres de la patria y realicen los cambios normativos que el Perú requiere para caminar por la senda de la inclusión social.

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Las menciones que se hicieron durante la transmisión de mando a la Constitución de 1979 han generado bastante polémica.  Sin embargo, también podría ser discutible el hecho de que, once años después que Fujimori dejó el poder, el Perú continúe regido bajo la Constitución de 1993.

 Cuando Fujimori llevó a cabo el autogolpe de 1992, muchos peruanos lo respaldaron, pensando que era una medida necesaria para enfrentar el terrorismo.  Sin embargo, Fujimori tenía otros planes: buscaba legitimar su poder y consolidar el modelo económico neoliberal mediante una nueva Constitución que redujera el rol del Estado y favoreciera las grandes inversiones, en detrimento de los derechos sociales. 

 Esta situación es muy clara en lo referente a las tierras de las comunidades campesinas y nativas: la Constitución de 1933 señalaba que las tierras comunales eran inalienables, inembargables e imprescriptibles, para evitar cualquier posible despojo.  La Constitución de 1979 mantuvo estas características en el artículo 164, incluyendo, por primera vez, a los indígenas amazónicos, agrupados en comunidades nativas.  

 Las tierras comunales, sin embargo, no estaban fuera del mercado: las comunidades campesinas y nativas podían venderlas si lo aprobaran al menos dos tercios de los comuneros.  Además, el Congreso debía promulgar una ley autorizando la venta y se les debía pagar en dinero antes de la entrega de las tierras.  Estos requisitos buscaban evitar que personas inescrupulosas obligaran a los campesinos a vender sus tierras.  Durante los doce años de vigencia que tuvo esta Constitución, ninguna comunidad solicitó autorización para vender sus tierras. 

 La Constitución de 1979 también recogía los principios de la Reforma Agraria, prohibiendo el latifundio (artículo 159) y el acaparamiento de tierras dentro de una comunidad (artículo 164) y señalando que las tierras abandonadas serían adjudicadas a campesinos sin tierras (artículo 157).

 La Constitución promulgada por Fujimori, en cambio, señaló que las comunidades eran autónomas para disponer de sus tierras, eliminando toda mención a la mayoría de dos tercios,  la autorización expresa del Congreso y el pago previo en dinero.  Las tierras tampoco son inembargables y solamente son imprescriptibles, salvo caso de abandono, lo cual es una contradicción (artículo 89). 

 El gobierno de Fujimori explicó que buscaba dar a los nativos y campesinos un pleno derecho de propiedad sobre sus tierras eliminando todo impedimento para que las pudieran vender.  La verdad es que ellos no tenían interés en hacerlo, porque están unidos a sus tierras por una cosmovisión particular.  El artículo 89 simplemente buscaba facilitar que las empresas petroleras o mineras pudieran adquirir las tierras comunales. 

 Este artículo ha sido la base de numerosos conflictos sociales, convirtiéndose en una amenaza para los comuneros.  Algunas empresas forman directivas apócrifas, otras denuncian a los dirigentes y otras corrompen a algunos comuneros para lograr la venta. 

 -El problema es que los despreciaban tanto, que no podían sentarse a negociar con ellos como iguales –me decía un ingeniero que trabajaba para una empresa minera en Ayacucho. 

 El artículo 158 de la Constitución de 1979 obligaba además al Estado a mejorar las condiciones de vida de los agricultores, promoviendo el incremento de su producción y productividad, realizando obras de irrigación y rehabilitación de tierras de cultivo para ampliar la superficie agrícola, impulsando su educación y capacitación técnica, estableciendo un seguro para cubrir riesgos y daños por desastres y orientando la producción agropecuaria preferentemente para la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población, dentro de una política de precios justos para el agricultor.  Nada de esto aparece en la Constitución de 1993.

 Debemos reconocer que en esta última son muy positivas las referencias al derecho a la identidad étnica y cultural (artículo 2, inciso 19), y a la facultad de las comunidades campesinas y nativas para administrar justicia (artículo 149).   Igualmente, la educación bilingüe intercultural ya no se restringe solamente a los escolares indígenas amazónicos de primaria, como señalaba la Constitución de 1979 (artículo 17).  La Constitución de 1993 además crea la Defensoría del Pueblo, precisamente la instancia estatal que más ha batallado por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa.   

 Sin embargo, estas saludables disposiciones se contradicen con la inseguridad que la actual Constitución genera para las tierras comunales, por lo que muchas veces las organizaciones campesinas y nativas han pedido regresar al régimen anterior.   

 Los sucesores de Fujimori prefirieron mantener esta Constitución porque estaban de acuerdo con ella.  De hecho, Alan García expuso varias veces su menosprecio hacia las comunidades campesinas y nativas, considerándolas un factor de atraso para todo el Perú.    

 18 años después de su derogatoria, regresar a la Constitución de 1979 es inviable.  Sin embargo, una reforma constitucional que incorpore el tratamiento que dicho texto constitucional daba a las tierras comunales permitiría desactivar muchos conflictos y ayudaría a que los peruanos más olvidados pudieran sentir que el Estado vuelve a acordarse de sus necesidades.

 

para  ver  las dos constituciones y sus  diferencias clic en la imagen correspondiente:

la constitución de 1993

la constitucion de 1979

LA CONSTITUCIÓN DE 1979 vs 1993

Cuando parecía que Ollanta había cedido definitivamente a las presiones de la derecha y del poder económico, en su juramento ataca directamente al orden neoliberal al referirse a la Constitución de 1979. Ello abre el debate sobre las reformas constitucionales y sobre el ánimo social expresado en el reciente proceso electoral. Es decir, el documento del 93 está en cuestión, por sus limitaciones propias para lograr el desarrollo inclusivo y por su naturaleza casi ilegitima producto de un referemdum nada claro y del control político que existía en aquella época.    perunet.tv

A la SNMPE no le gusta concertar

Hace unos días, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió un spot televisivo en el que llamaba la atención con respecto a que en el país se aplicaba una supuesta carga tributaria minera mayor que en Chile, Canadá y Australia. De acuerdo al spot, esta situación sería la principal responsable de nuestra rezagada ubicación como plaza para el arribo de nuevas inversiones mineras.

La intención del gremio minero es clara y consiste en fortalecer su postura con miras a la negociación del impuesto a las sobre ganancias mineras con el gobierno entrante, pero ¿qué tan ciertas son sus cifras?.

De acuerdo al spot, las mineras en el Perú pagan más impuestos que en Chile, Canadá o Australia. La fuente de esta aseveración es un estudio de parte realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Con respecto a este estudio existen serias observaciones de carácter metodológico.

En primer lugar, para realizar el cálculo de la tasa efectiva en el Perú, el estudio considera de forma conjunta a la regalía minera y al aporte voluntario. Este proceder es erróneo porque las empresas mineras que pagan regalía, no pagan aporte voluntario y viceversa; con lo cual se “infla” o “sobre-estima” el resultado. En segundo lugar, el estudio no contempla el conjunto de beneficios tributarios aplicados al sector minero. Como la depreciación acelerada o la reinversión de utilidades que son deducibles al impuesto a la renta y que de ser considerados reducirían el nivel de la tasa efectiva.

De acuerdo a las estimaciones de Propuesta Ciudadana en las cuales se corrige estos errores, la presión tributaria minera en el Perú ascendería a 42% mientras que para el caso chileno dicha presión ascendería entre 4% o 5% más (sujeto al nivel de ganancias obtenidas). Es decir, que en realidad la carga tributaria minera en el Perú es menor que la chilena y no al revés como la plantea el spot comercial.

Una segunda idea desarrollada por el spot es que Chile se ubica octavo dentro de los países que atraen inversiones mineras en el mundo, mientras que el Perú se ubica en el puesto 48.  Al respecto, hay que tener en claro que estas cifras no se refieren al arribo de inversión minera, sino a la percepción de ejecutivos mineros con respecto a distintos países. Lo que no se nos dice en el comercial es que la encuesta  que mide esta percepción revisa un total dieciséis (16) temas-claves. Solo uno de ellos es el régimen tributario.  Entre estos temas se encuentran las regulaciones medio – ambientales; las duplicaciones e inconsistencias regulatorias; la disputa de reclamaciones de tierras; el nivel de infraestructura; los acuerdos con las comunidades; entre otros.

Entonces, pasemos a revisar ¿en cuáles de los 16 temas planteados el Perú tiene mayores deficiencias? De acuerdo a la encuesta, los problemas más relevantes para el arribo de inversión minera en el país son infraestructura y seguridad. Seguido de las reclamaciones de tierras; los acuerdos con las comunidades, la estabilidad política y las regulaciones laborales. El tema tributario no aparece como uno de los temas más significativos. Es más, en este materia el Perú está mejor posicionado que Ontario (Canadá), Idaho (EE.UU.), Brasil, Argentina, Panamá, entre otros. Por lo tanto, es equívoco mostrar al tema tributario como el factor más relevante al momento de decidir una inversión minera en el país.

Pero ahora dejemos de un lado la percepción y pasemos a revisar la cifra concreta de cuánto se invierte en el país del total de lo que invierte en minería en el mundo. Entonces, encontramos que el Perú no se ubica en el puesto 48¹, sino que es quinto. De acuerdo a José De Echave –especialista de CooperAcción-  el flujo de inversiones mineras que arriba al Perú está a la par que en Chile, Canadá y Australia. Incluso para Javier Azpur –Coordinador Ejecutivo de Propuesta Ciudadana- , en 2010 el Perú fue receptor de una mayor cantidad de recursos en inversión de exploración minera con respecto a Chile.

La SNMPE como todo grupo de interés dentro de una democracia tiene el legítimo derecho de defender sus propios intereses. Sin embargo, hay que recordar que en la segunda vuelta electoral la propuesta de una mayor carga tributaria en el sector minero no solo fue sostenida por Gana Perú, sino que también fue asimilada por Fuerza 2011. Las dos candidaturas tenían este tema dentro de su agenda. Incluso, representantes del mismo sector minero como Roque Benavides ya se han manifestado a favor de esta propuesta.

De acuerdo a las opiniones anteriores lo que se tiene hasta la fecha es un avance de consenso entre las partes con respecto al tema. Por lo que no se entiende cuál es el sentido del spot minero cuyo carácter retoma viejas tensiones y pretende polarizar a la opinión pública. Si bien en la última campaña electoral la SNMPE tomó claro partido por Keiko Fujimori, hay que recordarles que la campaña ya terminó y que es momento de sentarse a dialogar y concertar. Tal como lo muestra la conformación del nuevo Gabinete del presidente electo Ollanta Humala.